La transición política sin transición económica

Carlos Berzosa*

La muerte de Suárez ha traído consigo la reivindicación de su figura política y de lo que fue la Transición. Bastante gente ha recordado esos tiempos con nostalgia y añoranza, y no solamente analistas y políticos, sino las muchas personas anónimas que han desfilado ante el féretro y que han chillado en la calle su nombre, a la vez que reprochaban a los dirigentes actuales la falta de aquel espíritu de acuerdo y pacto.

A Suárez le correspondió pilotar una situación difícil, no solamente por lo que suponía desmontar una dictadura desde dentro, con los aparatos del Estado intactos, sino por la crisis que atenazaba a la economía española. No fue el único protagonista de este proceso, pues hubo otros también importantes, como el resto de los políticos que lideraban partidos, que apostaban por la implantación de una democracia y sin cuya colaboración no hubiera sido posible este cambio. Otras grandes protagonistas fueron las luchas sociales que se vinieron dando con mayor fuerza desde los años 60 y el apoyo de intelectuales relevantes a la implantación de un régimen democrático. El propio Suárez lo resumió muy bien en esta frase: “Hay que elevar a categoría política de normal lo que en la calle es normal”. Sin estos movimientos e inteligencia comprometida no se hubiera realizado la Transición como se llevó a cabo.

En los últimos tiempos, no obstante el reconocimiento tan generalizado, se han efectuado muchas críticas a la Transición, hasta el punto de que hay quien considera que los males de hoy tienen ahí su origen. Una visión crítica de la Transición con una perspectiva histórica, después de 38 años resulta necesaria y fundamental, pero se tiene que hacer con rigor y no parcialmente. En varios casos las críticas hacen caso omiso del contexto político (la relación de fuerzas) y económico en el que se tuvo que actuar.

Lo que desde luego no resulta aceptable es analizar una realidad dinámica que no tenía un guión previo con propuestas un tanto maquiavélicas en la idea y aceptación de que todo respondió a posiciones que estaban previstas porque se había diseñado desde el poder económico y la Monarquía. El libro de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio "El final de la dictadura" es básico para entender unos momentos tan complejos que supusieron tantas luchas que, entre otras muchas, causaron muertes que no deben ser olvidadas, por lo que resulta fundamental leer a Mariano Sánchez Soler en La Transición sangrienta (1975-1983).

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Otra de las críticas que se suelen hacer es que la transición política no supuso ningún cambio en la estructura oligárquica de la economía española y los grupos económicos poderosos, que basaron su poder y expansión en un sistema que les sustentaba y protegía, siguieron disfrutando de su posición de privilegio. Esto es cierto. Desde la Transición hasta nuestros días se han producido cambios, aunque no suficientemente significativos, como estudia adecuadamente Santos Castroviejo en "La elite del poder económico en España". La falta de empresarios innovadores y la escasa inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación sigue siendo un talón de Aquiles de la economía española.

El capitalismo español no fue suficientemente reformado, aunque hay que atribuir al Gobierno Suárez una reforma fiscal que trataba de equiparar la economía española a los países desarrollados. Esta reforma, impulsada por Fuentes Quintana como vicepresidente de Gobierno, y materializada por Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda, si bien era necesaria para modernizar la economía, tuvo también bastantes obstáculos que saltar, entre empresas y clases sociales altas pero también medias, pues no se estaba acostumbrado a pagar impuestos. Los argumentos en su contra eran varios pero fundamentalmente que resultaba inoportuno subir impuestos en un periodo de crisis económica, pues una reforma de esta naturaleza dificultaría aún más las cosas a empresas y familias. No fue así y gracias a ello se consiguieron importantes avances sociales en los años 80.

Lo que nunca se llevó a cabo, más tarde en el Gobierno socialista, fue el plan de nacionalizaciones que proponía Boyer en 1976, como se puede leer en "Programas económicos en la alternativa democrática" (Anagrama). En aquel año, en unas jornadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, el PSOE proponía la nacionalización de la banca, compañías de seguros, empresas eléctricas, minas de carbón, servicios básicos de transporte colectivo y de distribución del agua y del gas. 

¿Qué pasó para que aquellos planteamientos, seis años después, no sólo no se llevaran a cabo, sino que se hizo lo contrario, esto es, privatizar? La transición económica se quedó sin hacer. Pero sería conveniente, en la revisión de lo acontecido, que se dieran explicaciones acerca de ese cambio de rumbo. 

*Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. 
Nota publicada en El Siglo de Europa.