Luis Hernández Navarro
Desarmarse o no desarmarse, he ahí el corazón del pleito actual en
Michoacán. Estados Unidos presiona para que las autodefensas sean
desmovilizadas, el gobierno federal las emplaza a que dejen las armas y
los alzados exigen que, antes de entregar un solo fusil, las autoridades
cumplan con una serie de condiciones. Los tres han puesto sus ultimátum
sobre la mesa. El 10 de mayo es la hora cero.
El pulso se libra desde comienzos de año. El 9 de enero, el
Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre
los riesgos de viajar en México debido a amenazas a la integridad y
seguridad que representan organizaciones criminales trasnacionales (OCT)
en ese país. Ciudadanos estadunidenses han sido blanco de violencia,
como secuestro, asalto y robo a manos de OCT en varios estados.
Michoacán ardía.
La respuesta gubernamental no se hizo esperar. Cinco días después del
comunicado estadunidense, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, emplazó a los grupos de autodefensa a regresar a sus
lugares de origen y reincorporarse a sus actividades cotidianas, en
tanto las fuerzas federales, en coordinación con las autoridades
estatales, se hacían cargo de la protección y seguridad de los
habitantes de la Tierra Caliente.
Los civiles armados no le hicieron mucho caso. El 12 de enero,
después de un combate de dos horas, tomaron la comunidad de Nueva
Italia, punto neurálgico en la ofensiva contra los caballeros
templarios. Uno de los milicianos que participaron en la batalla le
reviró al secretario de Gobernación: Que Osorio Chong venga a
desarmarnos (…). Nunca va a venir, pero que lo intente ( El Universal,
14/1/14).
A buen entendedor, pocas palabras. Para que no hubiera duda del
mensaje del Tío Sam, el 17 de enero, una semana después de la alerta a
sus ciudadanos sobre México, el secretario de Estado, John Kerry, dijo
estar preocupado por el surgimiento de milicias para combatir a los
narcotraficantes en Michoacán y preparado para tratar de ser útil en lo
posible.
La estabilidad en Michoacán es importante para Washington. Desde ese
estado mexicano parte uno de los corredores claves para el transporte de
mercancías entre el Pacífico y el Golfo de México, el formado por la
mancuerna del puerto Lázaro Cárdenas y el ferrocarril Kansas City. Desde
allí se ha establecido un comercio privilegiado con China. Dos de cada
tres aguacates que se consumen en el país vecino son cultivados en
Michoacán y exportados, por seis grandes empacadoras
trasnacionales de capital estadounidense. Los michoacanos son la segunda
comunidad de mexicanos más numerosa del otro lado del Bravo; 4 millones
radican allí y mandan a su estado más de 2 mil millones de dólares al
año.
Un mes después de las declaraciones de Kerry, el 27 de febrero, el
informe anual que Washington elabora sobre derechos humanos en todo el
mundo advirtió sobre la preocupante proliferación de los grupos de
autodefensa en varios estados de la República Mexicana, especialmente en
Guerrero y Michoacán.
A pesar de ver algunas incongruencias en la amonestación del Tío Sam,
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human
Rights Watch (HRW), saludó el documento: “Me parece –afirmó– que el
informe sobre el punto de las autodefensas, que refleja en términos
fidedignos el crecimiento de este fenómeno y la vacilante y
contradictoria actitud del Ejecutivo mexicano, es inobjetable”. “Las
autodefensas –añadió semanas después– son un cáncer que ha padecido
Colombia durante décadas. Es muy fácil caer en este tipo de
modelos donde se genera un Frankenstein que luego ningún gobierno
controla.”
El asunto era motivo de preocupación no sólo de la administración
Obama, sino de los grandes inversionistas extranjeros. Eso quedó claro,
el 23 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos, cuando el
fantasma de los grupos civiles armados en Michoacán se le apareció al
presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario, que llegó a la fiesta
anual de los Amos del Universo a presumir la aprobación de un nuevo
ciclo de reformas neoliberales, se topó con cuestionamientos a los
civiles armados autodefensas por parte de Klaus Schwab, el presidente
ejecutivo del Foro. El mandatario respondió ofreciendo a los alzados
incorporarse a las tareas de seguridad ( La Jornada, 24/1/14).
Comenzó entonces una soterrada puja por desmovilizar a las milicias y
obligarlas a deponer las armas, que muy pronto provocó fuertes choques.
El 14 de febrero, en la comunidad de Antúnez, el Ejército mató a tres
civiles que se resistieron a ser desarmados. El gobierno federal se vio
obligado a posponer la medida. El punto ha sido motivo de conflictos
permanentes y un diluvio de declaraciones de funcionarios públicos,
anunciando la inminencia y obligatoriedad de la medida.
El pulso alcanzó en días recientes su punto crítico. El gobierno
federal tomó como rehén al líder de La Ruana, Hipólito Mora, al
arrestarlo por ser el supuesto responsable de ordenar dos asesinatos;
acusó de terrorismo a 17 guardias de Yurécuaro; dividió a los civiles
armados, negociando con Juan José Farías, El Abuelo, y buscó desplazar
de la vocería del movimiento a José Manuel Mireles. Argumentando el
éxito de su estrategia para combatir a los templarios, el comisionado
Alfredo Castillo puso fecha límite para la entrega de
armas.
Los
alzados respondieron marchando el 6 de abril en 15 poblados y
organizando una caravana motorizada. Por voz del doctor Mireles,
reviraron que no los pueden desarmar. Sin armas cualquier pendejo en
bicicleta nos va a matar, dijo el vocero en la comunidad de Nuevo
Urecho. Simultáneamente aumentaron sus demandas: libertad de al menos
100 de sus compañeros presos; eliminar o detener a 20 mandos medios
templarios; legalizar y otorgar personalidad jurídica a las
autodefensas; integrar a la policía estatal a sus miembros y restaurar
el estado de derecho en Michoacán. Fijaron como plazo para tener
soluciones favorables el mismo Día de las Madres.
El choque violento entre autodefensas y gobierno federal parece cada
día más probable. Los tres ultimátum sobre la mesa son la tercera
llamada que lo anuncia.
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