Los Derechos Humanos como negocio político

La alianza estratégica de los Kirchner 

Néstor y Cristina reescribieron su pasado, y bajo la bandera de los derechos humanos hicieron un relato. Mezcla de lo simbólico y lo económico. Así posibilitaron que gran parte de la sociedad permitiese cosas oscuras y contradictorias

Luego de la debacle nacional en 2001, Kirchner se reinventó. Sepultó su pasado y, una vez instalado en el gobierno nacional, decidió apropiarse de la bandera de los derechos humanos para convertirla en fundamento de su hegemonía política. En la gobernación de su provincia, Kirchner no recibió a ningún referente de los organismos, ni tampoco creó una Secretaría de Derechos Humanos. El consenso sobre la importancia de la política de derechos humanos del gobierno nacional fue de la mano con la pretensión de sacralidad que implicaba que los gobernantes se rodeasen en los actos públicos de las Madres y de las Abuelas. Las Madres, a su vez, aceptaron recibir dinero del gobierno, siendo utilizadas como mensaje contra cualquiera que investigara y denunciara los desaguisados ejecutados en nombre de los derechos humanos.

En su libro “El negocio de los derechos humanos”, Luis Gasulla describe la trama del escándalo desatado por el fraude con fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, destinadas a viviendas sociales en el Programa "Sueños compartidos". En el libro se verá que la Fundación recibió -más de 1.265 millones en fondos públicos-. La alianza estratégica entre los principales organismos de derechos humanos y el poder, hecha de un flujo desbocado de fondos públicos, tráfico de influencias y tergiversaciones simbólicas e ideológicas, sintetiza la convicción y la conveniencia. Dinero y gestos, subsidios y leyes, auge económico y planes conjuntos, y abrazos públicos. Se archivaron denuncias, se silenciaron protestas y se continuaron subsidiando obras sin importar cómo se usaba el dinero.

Todo se mezcla y no queda claro cómo fue que los Kirchner terminaron aliados a los símbolos de la resistencia contra la dictadura. Sólo tuvo un límite cuando, en mayo de 2011, el ex apoderado de la Fundación, Sergio Schoklender, abandonó la institución y se hizo pública su pelea con Bonafini, que acabó en el escándalo político más resonante de la era kirchnerista. La ruptura y el furioso desenlace, aún abierto, están relacionados con un contexto político surgido tras la muerte de Néstor Kirchner y puso sobre el tapete cuestiones que se mantenían escondidas. El libro cuenta esa historia y otras más, saldrán a la luz gravísimas irregularidades merced a la confesión de un alto funcionario del gobierno del Chaco, provincia en que el plan de viviendas desembarcó con más fuerza. Intenta comprender un juego perverso en el que el poder y el dinero están sobre cualquier otra cosa.

Schoklender, uno de los protagonistas del libro, no hubiese podido transformarse en lo que llegó a ser sin la complicidad de un sistema conformado por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo que decidieron mirar para otro lado. Bajo las banderas y los discursos se escondió un escandaloso negocio para lucrar con los momentos más siniestros de nuestro pasado, utilizando a las luchadoras de antaño.

El libro intenta ser una radiografía del país del vale todo, donde los destinos de los fondos públicos dependen del llamado de un alto funcionario y de que los organismos de control hagan la vista gorda, un país donde la división de poderes se ha vuelto una utopía. Es una historia de falsas licitaciones para construir viviendas sociales, de tasas de retorno, de lavado de dinero y del financiamiento espurio de la política. La causa de los derechos humanos no debería mancillarse y el Estado no debería renunciar a su obligación de controlar los fondos que son de todos. La búsqueda de la verdad y el juicio y castigo a los asesinos del pasado no deberían ir a contramano de la justicia del presente. Los derechos de los excluidos no deberían subordinarse a la presunta pureza de ningún símbolo.

En la Argentina, la política de derechos humanos se transformó en un clisé utilizado tanto por gobernadores autoritarios que violan los derechos básicos de los ciudadanos del presente como por colaboracionistas de la última dictadura militar. El gobierno nacional se ocupó de mantener viva la memoria colectiva y se olvidó de la historia. Destinó millones de pesos a museos, charlas e inauguraciones sin preocuparse demasiado por las injusticias del presente. La política se transformó en una cuestión de fe y de obediencia. Los que se animaron a cuestionar el llamado “relato” se quedaron fuera de un supuesto y único proyecto nacional y popular. No hay lugar para los débiles ni para los tibios. La simplificación dividió las aguas entre buenos y malos. Por detrás, se sumaron oportunistas y arribistas para hacer grandes y pequeños negocios hasta convertir a los derechos humanos en una industria.

Según la Inspección General de Justicia, una fundación es una institución creada para el bien común y sin fines de lucro y debe poseer patrimonio propio, más allá de cualquier ayuda que pudiera recibir del Estado. En esta historia, los protagonistas confundieron fondos públicos con los privados y olvidaron que el control es un valor moral. Con un presupuesto que aumentó 45 veces en siete años, la Fundación llegó a ser la segunda constructora del país mientras violaba sistemáticamente la Ley 13.064 de obras públicas, que establece que los trabajos financiados por el Estado deben contratarse mediante licitaciones. Un funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, admitió que las obras de Sueños Compartidos se contrataban directamente, sin licitación.

Al quedar enfrentado con el poder y quedar imputado en la causa, Schoklender prendió el ventilador y reveló engranajes ocultos cuando el oficialismo ostentaba gran popularidad. Dijo que "La política gubernamental se financia con la caja del Estado. En la Argentina nadie sabe cómo funcionan el sistema judicial, la obra pública, las contrataciones ni cómo es el verdadero manejo del presupuesto nacional. Hoy, todo lo que sucede en el Congreso es una ficción, lo que sucede en obra pública es una ficción. ¿Quién cree que los funcionarios públicos viven de su sueldo nominal? ¿Quién cree en la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo?. Ninguna área del gobierno se maneja con el presupuesto oficial. La caja del gobierno está sustentada: 1º por la necesidad de fondos para sostener a funcionarios cuyos verdaderos sueldos no se blanquean. 2º es corrupción lisa y llana, para que se enriquezcan y 3º la destinada al mantenimiento de las organizaciones sociales que Néstor Kirchner ordenó financiar para construir una base social propia. Cada ministerio debe hacer su propia caja. Se recurre a contratos de obra pública truchos, a remodelaciones que se hacen dos o tres veces o a presupuestos exorbitantes. En el Ministerio de Obras Públicas la cuestión era sencilla porque tienen grandes obras y licitaciones truchas que no controla nadie".

Schoklender es un personaje fundamental de la trama pero no es el único que hizo negocios privados utilizando la bandera de los derechos humanos. Hay muchos más. Algunos sin prensa, escondidos en secretarías o ministerios, que inventaron su propio pasado revolucionario mientras dedicaban su tiempo a hacer caja. Otros, utilizaron la lucha por los derechos humanos para ascender políticamente negociando las necesidades de los más humildes. El atractivo discurso del juicio y castigo a los genocidas del pasado y la alegada recuperación de los derechos humanos del presente se convirtieron en el vestido de moda, aquel que todos querían lucir. Ésta es la historia de un negocio millonario basado en la cultura de la culpa, la reescritura del pasado y el engaño.

Sin tapujos, el autor del libro asegura que Néstor y Cristina Kirchner estaban al tanto del desmanejo de fondos públicos de la Fundación y del accionar del ex apoderado. Si bien del negocio se aprovecharon arribistas, que se quisieron poner a moda y hablaron de los DDHH; fundamentalmente el negocio lo hicieron Néstor y Cristina. Fueron inteligentes y astutos para leer las demandas que tenía la sociedad después del 20 de diciembre de 2001. Era difícil gobernar para un presidente que sacó el 22% de los votos sin el apoyo de los organismos de DDHH, movimientos piqueteros y sociales. Néstor lo cooptó de forma simbólica y económica. Los que no se dejaron cooptar, la pasaron mal porque dejaron de tener subsidios y beneficios. Resignado el autor del libro, considera que la causa "quedará impune" mientras el juez federal Norberto Oyarbide se encuentre a cargo de la investigación.