La verdad de la deuda externa argentina

El caso emblemático de la Deuda Externa Argentina, fue presentado por Alejandro Olmos en un encuentro denominado Tribunal de la Deuda Externa, en Brasil, 1999. Hubo expositores provenientes de Mozambique, Rusia, Bélgica, Corea, Inglaterra, Jamaica, Perú y Honduras, además de Brasil, donde se trató la perspectiva global que demanda la cancelación de las deudas de países empobrecidos por el sistema financiero internacional.

Alejandro Olmos fue un escritor y pensador político. Y fue capaz de tumbar tabúes como el de la deuda externa. Además de denunciar la entrega de YPF, las privatizaciones de Entel y Aerolíneas. Inició el juicio de la deuda ante la justicia en 1982, presentando pruebas e impulsando medidas durante 18 años hasta su muerte, en el 2000. Dos meses después, el Juez Jorge Ballestero emitió un fallo sin precedentes en el mundo, corrobora la ilicitud de la Deuda Externa, establece la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura que la contrajeron y la corresponsabilidad de organismos internacionales como el FMI, que aprobaron prestamos ilícitos y fraudulentos. Puesto que la acción penal había prescripto, el Juez remitió el fallo al Congreso, para que tome la intervención que la Constitución Nacional le confiere en el manejo de la Deuda Externa (art.75). La mayoría parlamentaria nunca se ocupó del tema. 

  

A continuación la exposición realizada por Olmos: 

"Traigo a este Tribunal, instituido por los más representativos sectores del pueblo brasileño, el testimonio del "caso argentino" en el marco del sistema de endeudamiento externo que afecta a los países sojuzgados por la superestructura del poder financiero. Nosotros tenemos, el triste privilegio de haber llevado a cabo una investigación penal de la deuda externa. Deuda que configura la mayor estafa en la historia de los argentinos. He sido, el denunciante -ante la justicia federal de mi país- de este escandaloso fraude. Porque la deuda externa argentina es el resultado de una gigantesca maniobra de dominación mediante procedimientos previstos y reprimidos por la ley penal. Los peritos judiciales que llevaron a cabo una profunda investigación en los organismos del Estado dictaminaron que los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos. Y, obviamente, no puede ser legítima una deuda generada en formas delictivas de una planificación económica. Esta visión de la deuda no es caprichosa ni conjetural sino que surge de un voluminoso proceso judicial en el cual las pericias producidas constituyen una parte fundamental de la prueba y tales peritos, no se hallan afectados por parcialidades ideológicas. Los mismos integraron una Comisión ad-hoc designada por el Tribunal Federal y se constituyó con expertos, los mismos actuaron en forma conjunta con los Peritos Contadores del Poder Judicial. Expertos y Peritos indagaron en el Banco Central de la República Argentina y en las empresas del Estado. Y entre ellas destaco –como caso ejemplar de una ignominia- a YPF, la petrolera nacional que figuraba entre las de mayor facturación en América Latina. La investigación pericial determinó que a YPF se le atribuía una deuda externa del orden de los 6.000 millones de dólares pero que a YPF no había ingresado un solo dólar (!). Las empresas del Estado eran utilizadas como "prestanombres" en los acuerdos de préstamo externo. Y las divisas que entraban en virtud de tales acuerdos eran retenidas por el Banco Central. La explicación dada al Tribunal, por los responsables del sistema fue que tales divisas se destinaban a la "apertura económica". Con dos palabras se pretendía justificar una forma del saqueo. Este supuesto endeudamiento de YPF -originado en el gobierno de la dictadura militar- fue utilizado por los gobiernos constitucionales de mi país para resolver su "privatización" a precio vil. Se mostró la falsa imagen de una empresa parasitaria y endeudada para justificar la necesidad de su entrega a la voracidad del capital privado. YPF, sólo recibía el 25% del producto de sus ventas, el 85% restante era absorbido por un Estado sometido a las directivas del Fondo Monetario y a los intereses del dominante poder financiero. La falsedad del endeudamiento fue admitida por todos los que integraron el directorio de YPF en la composición de sus distintas etapas. El General Luís Pagliere –que integró ese directorio en representación del Ejército durante el gobierno militar- declaró ante el Tribunal que YPF estaba obligada a producir "a pérdida" por instrucciones del Ministerio de Economía, ya que el precio del petróleo vendido a la Shell y a la Esso representaba el 50% del valor que YPF gastaba por su extracción. Me he referido, puntual y someramente, a YPF como un caso testigo del fraude instrumentado contra los intereses del Estado y del pueblo de mi país. Es tan sólo un ejemplo de cómo se destruye, desde adentro, una economía nacional conducida por funcionarios al servicio de intereses espúreos y en exclusivo beneficio de su propio lucro. En esta investigación judicial el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía del gobierno militar y protagonista autoral de la política económica iniciada en 1976, fue procesado por defraudación al Estado. Precisamente, por el endeudamiento externo que él iniciara al amparo de las armas que produjeron el mayor de los genocidios. Cuando Martínez de Hoz declara ante el Tribunal explica que, en la época en que él asumiera el Ministerio, el mundo afrontaba la amenaza de un "crack" internacional que podía producir la desestabilización de todo el sistema financiero. Esto como consecuencia del exceso de dólares generado como efecto del boom del petróleo. Los bancos se encontraban, entonces, con una enorme liquidez por los depósitos realizados por los países productores de petróleo. Esto determinó que, reunido el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos financieros, encontraran como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Fue así que de una deuda externa de 8.000 millones de dólares a principios de 1976, dicha cifra trepó a 43.500 millones en 1983. Al finalizar el gobierno militar. Por declaración judicial de los gerentes del Banco Central quedó establecido que en el Banco Central actuaba un ejecutivo del Fondo Monetario encargado de monitorear hasta qué punto podía aguantar la Argentina este forzado endeudamiento. Un ejecutivo "licenciado" por el Fondo y contratado por el Banco Central de la Argentina. Pero que trabajaba para el Fondo. Pues bien, esa deuda original de 8.000 millones que había alcanzado los 43.500 millones al terminar el gobierno militar reemplazado por el presidente constitucional Alfonsín, llegó al nivel de los 65.000 millones al asumir el actual Presidente Menem. Hoy el actual gobierno alude a un nivel de 115.000 millones de dólares, mientras el Banco Mundial señala, como deuda externa argentina, cifras que superan los 130.000 millones. Otros economistas de mi país sostienen que tal deuda se hallaría próxima a los 200.000 millones. Nos encontramos, pues, ante una situación en la cual las cifras de endeudamiento carecen de validez demostrable. Y esto es así porque no existen registros contables de la deuda externa. Esta afirmación puede sorprender, pero su fundamento reside en la información oficial del Ministerio de Economía al Tribunal Federal que tiene a su cargo la investigación de la deuda. Información que incluye, también, el reconocimiento de que se ignora los avales concedidos por el Estado. Este cuadro, de tremenda gravedad, es reiteración de una situación anterior, cuando yo promoviera la investigación de los ilícitos del gobierno militar y, en especial de la deuda externa. En aquella oportunidad el juez interviniente reclamó al Banco Central un informe completo de la deuda incluyendo perfil de vencimientos y listado de acreedores y deudores. La respuesta fue insólita. El Banco Central no tenía registrada la deuda externa. Y sólo disponía de datos estadísticos sin validez contable. No quiero abundar en detalles, hechos y circunstancias que marcan a fuego el crimen de la deuda externa argentina. La exposición del cuadro completo de los procedimientos y efectos devastadores del endeudamiento externo insumiría un tiempo de atención de los señores jueces de este Tribunal que yo no puedo permitirme. Basta con señalar –como explicación de esta síntesis- que la investigación de la deuda argentina ha acumulado más de 30 cuerpos principales de expediente y más de 500 anexos. Estos últimos se guardan, por razones de seguridad, en el Gran Tesoro del Banco Central. En esta investigación debieron comparecer, a prestar declaración, todos los que integraron la conducción económica de mi país, desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta hoy. Lo hicieron, también, los directores del Banco Central y de las empresas públicas. Y a esas pruebas testimoniales se suman las documentales. Todo lo cual permite sostener la afirmación del gigantesco fraude al que me refería en los inicios de esta exposición. Fraude cuyo proceso de ejecución continúa. Como también continúa la investigación judicial sobre ese fraude. Yo le atribuyo a la investigación que vengo impulsando en mi país el valor de una contribución a la lucha continental contra la deuda. El "caso argentino" debe servir a los pueblos hermanos de América Latina para mostrar, en toda su crudeza, la aplicación de un método de dominación que ha consagrado una nueva forma de esclavitud del hombre y de los pueblos. La esclavitud al poder financiero de la usura y de la globalización como arma para impedir las reacciones nacionales de nuestros países. En cada acuerdo de endeudamiento externo de la Argentina se pactó, siempre, el sometimiento a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Fundamentalmente de Londres y Nueva York. Y para que esto fuera posible se llegó al extremo de modificar las leyes argentinas de procedimiento, en los días siguientes a la instauración de la dictadura. Sometimiento convalidado por los gobiernos constitucionales de Alfonsín y de Menem. Lo que demuestra, palmariamente, cual es el centro del poder en mi país. Y creo, con perdón de los hermanos brasileños y de todos los compatriotas de la Patria Grande de nuestra América, que todos nuestros pueblos han sido objeto del mismo sistema de dominación por vía de la deuda externa. Y así como en el caso argentino se le impone al país el pago de una deuda que el país no tiene, la mayoría de los países endeudados deben afrontar, con toda seguridad, la misma situación de afrontar el pago de un tributo al dominio imperial de la banca internacional. Y esa deuda ha sido pagada, en efecto. Y en la investigación judicial argentina está probado. No son nuestros pueblos los que deben rendir cuentas de una deuda impuesta por las transnacionales del nuevo imperialismo. Son los supuestos acreedores los que deben rendir cuenta a nuestros pueblos por los intereses cobrados con el hambre, la sangre y la vida de quienes nada debían, pero que, sin embargo, pagaban. Señores Jueces: Es éste un Tribunal que registrará la voluntad de justicia de los hermanos brasileños. También en nuestro país ha funcionado ý continuará haciéndolo- un Tribunal Autónomo del Pueblo que inició su actividad hace dos años. Estos juzgamientos, organizados por la decisión del pueblo, deben perseguir algo más que una sanción moral a los responsables de la ignominia que acusamos. Yo no vengo a alentar rebeliones populares, pero sí a sostener la necesidad de la unidad de nuestros pueblos para resistir al despojo que nos imponen intereses sin patria y sin moral. En mi país estamos convocando a no pagar lo que no debemos y a señalar a quienes cargaron, sobre nuestras espaldas, el peso de una deuda fraudulenta. Yo, señores jueces, no soy un jurista. Y más que militante del derecho soy un militante de la justicia. Sobre el derecho pesan los intereses y la fuerza. La Justicia es una virtud de la conciencia. Esa es nuestra fuerza frente a quienes, como en el drama de Shakespeare, se cobran en libras de carne los intereses de una deuda forzosa. Dejo expuesto, ante este Tribunal el caso argentino, que ofrezco como testimonio de una lucha por la liberación y la justicia. Si ello sirve a los hermanos pueblos de Latinoamérica para impugnar una deuda ilegítima como la argentina, la lucha llevada en nuestro país no habrá sido estéril. Cuando el Presidente Sarney se dirigía a la Nación anunciando la suspensión del pago de los intereses de la deuda, afirmaba que "la deuda que se cancela con la miseria, se paga con la democracia". Es ésta una advertencia que no podemos desoír quienes hemos vivido la tiranía de los usurpadores. La esperanza de una vida más digna y de la vigencia de una verdadera justicia descansa en la voluntad del pueblo resistiendo a la violencia de la injusticia. Frente al hambre, la desocupación y al saqueo levantamos una consigna: O se está al servicio del pueblo contra la deuda o se está contra el pueblo al servicio de la deuda."