La Fiscalía General de Colombia reportó que grupos de
paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en ese país
confesaron los delitos de homicidio y desaparición forzada. El informe de la Fiscalía añadió que desde que
los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
comenzaron a entregar información, las autoridades encontraron 4767
cuerpos. La
información, revelada por la cadena de radio RCN, señala que las
confesiones de los ex integrantes de las bandas de ultraderecha
mencionan a 50.509 víctimas. Entre los casos referidos por los
delincuentes en las indagatorias se encuentran 25.083 asesinatos, 10.925
casos de desplazamiento y 3459 de desaparición forzada. El director del
Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que se calcula que
alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de los paramilitares permanecen
enterrados en fosas comunes.
Las AUC reunieron a varios grupos paramilitares que se crearon en los
años ’80 mediante la financiación de terratenientes y narcotraficantes
con la supuesta intención de combatir a la guerrilla, aunque terminaron
involucrados en negocios de tráfico de drogas y cometiendo múltiples
delitos de lesa humanidad contra campesinos. Esos grupos se
desmovilizaron entre 2003 y 2006 en el marco de un proceso de diálogo
con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que pidió al
Congreso aprobar una ley por la cual los paramilitares no pueden
recibir penas superiores a ocho años de prisión. Según la administración
Uribe, unos 32 mil integrantes de esa organización se desmovilizaron.
En tanto, Uribe anunció que demandará a dos ex congresistas que
aseguraron que los grupos paramilitares apoyaron su elección en 2002. El
ex mandatario adelantó en su cuenta en Twitter que sus abogados
entablarán una “denuncia penal” contra Eleonora Pineda y Miguel Alfonso
de la Espriella, ex legisladores condenados por haber
mantenido nexos con las desaparecidas AUC. En un comunicado, divulgado, Uribe sostuvo que Pineda y De la Espriella
recibieron presiones de Saltavore Mancuso, uno de los antiguos jefes
máximos de las AUC extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008
junto a otros doce mandos paramilitares, para que declararan en su
contra en esta causa.
Los dos legisladores participaron el martes como testigos en un
proceso judicial contra Mancuso, quien ha intervenido en la audiencia
por medios virtuales. Este ex paramilitar confirmó el apoyo a la
elección de Uribe e, incluso, aseguró que financió un mitin político
realizado en una localidad del noroeste del país. Pineda y De la
Espriella afirmaron en un tribunal de Bogotá que esa
organización ultraderechista apoyó la elección de Uribe en 2002. Según
ellos, el apoyo lo ordenó Mancuso.
Los ex legisladores de origen liberal, aseguraron que por
decisión de Mancuso, hicieron de interlocutores ante Uribe, reelecto en el 2006, año de la disolución de las AUC, dentro de un
proceso de paz con su gobierno. Como consignó el diario colombiano El
Tiempo, los ex legisladores declararon que ellos le comunicaron a Uribe,
a principios del 2002, el apoyo de las autodefensas a su campaña. Según
informó el periódico, De la Espriella fue uno de los primeros políticos
condenados por las alianzas con los “paras”, y hasta su captura en el
2006 era uno de los congresistas más cercanos al gobierno de ese
momento.
El ex congresista indicó que las autodefensas supuestamente
financiaron algunos de los gastos, como la compra de 50 mil camisetas,
que encargaron directamente a China y a Panamá, e incluso, habrían
manejado la logística de transporte y seguridad, incluidas las giras de
Uribe en Córdoba. De la Espriella también habló de una reunión que se
habría realizado cuando Uribe era presidente.
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