Los argentinos y su gobierno están justificadamente orgullosos de su
estrategia de reestructuración de la deuda externa, que permitió a la
economía recuperarse después de 2002. Sin embargo, existe otro país que ofrece lecciones más
contemporáneas que los gobiernos de los países del sur de Europa
deberían aprender. Ese país es Islandia.
Alrededor del año 2000, el gobierno conservador de libre mercado de
Islandia privatizó dos grandes bancos públicos orientados a negocios
locales y permitió que se formara un tercer gran banco privado a partir
de la fusión de un conjunto de entidades más pequeñas. El gobierno
también removió la mayoría de las limitaciones de los bancos para sus
operaciones y los impulsó a convertir a Islandia en un centro financiero
internacional del Atlántico Norte. “Si Dubai puede hacerlo, por qué
nosotros no podemos”, fue el espíritu de esa arenga.
Para 2008, los tres grandes bancos islandeses se encontraban entre
los 300 bancos más grandes del mundo, en un país donde la población
llega sólo a 310 mil personas. Sus activos sumaban 10 veces el PIB de
Islandia y su modelo de negocios dependía en forma central de su
posibilidad de tomar deuda masivamente del mercado mayorista de crédito.
En octubre de 2008, los bancos colapsaron. La moneda nacional, la
krona, perdió 60 por ciento de su valor de un día para otro. El mercado
de valores se desplomó. En pocos meses, los precios de las casas cayeron
25 por ciento en términos reales y la inflación subió hasta una cifra
cercana al 20 por ciento.
El FMI envió una misión que instruyó al gobierno a instalar controles
de capitales para evitar una mayor fuga y ofreció expertos técnicos
para enseñarles a los funcionarios del Banco Central islandés a aplicar
esas políticas. La fuerte devaluación logró por sí misma una importante
reducción del gasto. Así, con la bendición del FMI, el gobierno demoró
los ajustes fiscales. Eso permitió aliviar las tensiones políticas,
porque la devaluación podía presentarse como “un acto divino” que no era
responsabilidad del gobierno. El FMI intentó que el gobierno asuma las
deudas de los bancos quebrados como propias con la presión de
Suecia, donde estaban preocupados porque si Islandia se salía con la
suya con el default, los países bálticos harían lo mismo con sus préstamos del sistema bancario sueco. Las autoridades de Islandia
rechazaron la idea, dado el tamaño de las deudas bancarias con relación a
su base fiscal.
A comienzos de 2009, entre el 80 y 90 % de las empresas
islandesas, incluyendo las más grandes, eran incapaces de hacer frente a
sus obligaciones, y entre 25 y 30 % de los hogares se
encontraban en la misma situación. Los gobiernos del sur de Europa
podrían aprender algo sobre cómo Islandia respondió a esa situación.
Para la deuda de las empresas, la estrategia requirió que los bancos
reconocieran la pérdida en el valor de las obligaciones que tenían las
empresas, al punto de que las entidades bancarias pudieran esperar tener
una ganancia si se quedaban con los activos de las empresas. Las
pequeñas y medianas empresas pudieron solicitar mayores alivios de
deuda, siempre y cuando pudieran ofrecer evidencia plausible de su
futuro flujo de caja y el tamaño de la ayuda estaba vinculado con el
valor descontado de sus ingresos futuros.
Para las deudas de las familias requirió que los bancos reduzcan el
valor contable excesivo del 110 % del valor de cada propiedad.
Las familias que incluso no podían hacer frente a los préstamos
ajustados pudieron pedir ayudas especiales. Un elemento importante es
que no se permitió que las calificaciones crediticias de las distintas
familias fueran afectadas por este escenario especial. Además, quienes
se encontraban cerca de la línea de pobreza, pudieron solicitar un
subsidio adicional para conservar la propiedad de sus hogares.
El resultado global dejó a los bancos con una mora tan pequeña como
era posible y sin forzar masivas ejecuciones hipotecarias o quiebras de
empresas. Pocas familias perdieron sus hogares. La economía se
estabilizó en 2010 y volvió a crecer en 2011, aunque lo hizo lentamente.
El gobierno y las firmas recuperaron el acceso a los mercados de
crédito internacionales a tasas de interés sostenibles. Sin embargo, eso
no fue posible sin ningún costo político. El gobierno recibió un feroz
ataque de aquellos individuos que no habían tomado créditos impagables e
insostenibles. Esas personas sienten que están pagando por el
despilfarro de otros.
En comparación con la situación de Noruega, después de su crisis
bancaria a comienzos de los años ’90 y las economías bálticas después de
2008, la recuperación de Islandia fue mucho mejor. Esto está muy
vinculado con el hecho de que se evita realizar lo que hoy ya es muy
común en Grecia, España y Portugal, donde los bancos obligan a las
empresas y a las familias con patrimonio negativo a que renuncien a la
propiedad de sus bienes, como si los propios bancos no tuvieran ninguna
responsabilidad por prestar demasiado.
Por Robert H. Wade, Profesor de Economía Política de la London School of Economics.
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