Ricardo Roa
La frase, maradoniana, es un ejemplo de lo que ocurre todos los días.
“Los pañuelos no se manchan”, tuiteó Abel Fatala, el funcionario de De
Vido que tenía que controlar la montaña de plata que el Gobierno le dio a
la Fundación de las Madres para construir viviendas. El emprendimiento
de los Sueños Compartidos que terminaron en una pesadilla de dinero sucio y conexiones oscuras.
¿Por
qué la reacción de Fatala? Por el fuerte informe de la Auditoría
General de la Nación, que confirmó la multimillonaria estafa de Sergio
Schoklender y además las coimas a funcionarios, uno de los cuales sería
de su más cercano entorno.
Lo que mejor que sabe hacer el Gobierno es victimizarse.
Fatala
echa mano a los pañuelos como si quisiera refugiarse en los que las
Madres usaron y usan para denunciar las desapariciones durante la
dictadura. Si la Justicia prueba la corrupción y la complicidad oficial,
el que va a estar manchado será él. Acá no está en juicio la
historia valiente de las Madres ni la lucha por los derechos humanos
sino una maniobra delictiva hecha con plata del Estado. Se trata de una
estafa con fondos públicos: el propio Gobierno es protagonista central
del escándalo y tiene la obligación de investigar tanto como la Justicia.
Nadie le ha hecho más daño a la causa de las Madres que Schoklender. También le ha hecho daño el Gobierno con la cooptación: subsidios a cambio de alineamiento político.
La
Fundación de las Madres se convirtió en una megaconstructora a la que
nadie controlaba. Zona liberada para la corrupción. Schoklender decía
ser trabajador autónomo y ganar $ 25.000 por año y se compró aviones,
yate, autos de lujo, propiedades y hasta el colegio donde estudiaba su
hijo. Nadie que tenga dos dedos de frente puede sostener que esto sea
hacer plata para la revolución. Sólo es hacer plata y mucha.
En la
Fundación, todo lo firmaba Hebe de Bonafini y se descubrieron
operaciones inmobiliarias de su hija con Schoklender. Oyarbide nunca
investigó esos hechos.
Demoró la causa cuanto pudo.
Tardó
tres semanas en allanar la Fundación y hasta prorrogó seis veces el
secreto de sumario. Un récord para él mismo. Al final, ordenó detener a
los hermanos Schoklender y al contador Gotkin y procesó a 40 personas.
Pero dos años después, la Cámara Federal anuló todas las declaraciones
indagatorias y apartó al juez. En un punto, se volvió a fojas cero.
Un clásico en el kirchnerismo.
Ahora,
todo el caso, antes abierto en dos (fraude y violación de deberes de
funcionario público), quedó en manos del juez Martínez Di Giorgi. El
informe de la Auditoría viene a sacudir una causa que estaba
virtualmente paralizada.
Haber luchado contra la dictadura no da derecho a hacer cualquier cosa.
Y si hay algo que mancha los pañuelos es el intento de querer ocultar con ellos la corrupción.
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