Un 7% de estas armas van a parar al continente más empobrecido del
planeta, África, cuyos habitantes padecen numerosos conflictos armados y
donde las violaciones de derechos humanos son moneda corriente. Este dato lo ofrece el informe La política de exportaciones de
armamento de los países de la UE a África (2002-2012) del
Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs, fruto de una investigación que
ha llegado a la conclusión de que “los países de la UE prefieren
mantener sus relaciones comerciales a aplicar criterios estrictos de
protección de los derechos humanos, prevención de conflictos o de
fomento del desarrollo sostenible”.
Los destinos de las armas europeas en el período objeto de estudio
corroboran esta afirmación. De 2002 a 2010, los países de la UE exportaron a África armamento valorado en 5.161,5 millones de
euros, el 7,08% del total de sus transferencias, unas cantidades
relativamente modestas en el conjunto de sus ventas de armamento, pero
cuya tendencia va al alza. La mayor parte de estas armas (55,4%) fueron a parar a África
Subsahariana, fundamentalmente a Suráfrica, mientras que el 44,6%
restante fue exportado al norte. Por países, los
principales clientes de la industria armamentística europea fueron
Suráfrica (2.397 millones), Marruecos (655 millones), Argelia (652
millones), Egipto (544 millones), Libia (333 millones), Nigeria (147
millones) y Túnez (106 millones).
En la lista figuran 49 de los 53 países africanos, incluidos estados
considerados fallidos como la República Democrática del Congo y otros,
como Chad, en los puestos de cola del desarrollo humano y cuya
población padece hambrunas. Tampoco las graves violaciones de derechos humanos o el hecho de que
el país hubiera salido de un conflicto armado o estuviera inmerso en uno, han sido óbice para que la UE haya hecho
negocio. A ello apunta la exportación de armas a Angola,
Sudán, Etiopía, Kenia, Nigeria y Ruanda.
El caso de Libia es ilustrativo de las repercusiones concretas de la
exportación de armas de la UE. El informe precisa que en 2009 se exportó
armamento a este país por valor de 173,9 millones de euros y en 2010,
meses antes de que estallara la guerra, por valor de 100,8. El documento del centro Delàs hace hincapié en el hecho de que los
Estados interpretan de una manera laxa la Posición Común de la UE que
debería obligarles a no exportar armas, no sólo a países en guerra, sino
a aquellos en donde se violan los derechos humanos. Esta Posición Común
es además un instrumento muy deficiente de control” pues “deja en manos
de los Estados” la posibilidad de hacer esta interpretación poco
rigurosa.
El caso de España
Las exportaciones de armas de España con destino a África suponen el
6% del total de este comercio, denuncia el documento, y entre 2002 y
2010 supusieron para el Estado 402,6 millones de euros. A diferencia del
conjunto de la UE, España exporta mayoritariamente a los países del
norte de África (el 83,41% del total de las transferencias de armamento
al continente africano). El principal cliente de la industria armamentística española en
África ha sido Marruecos (191,8 millones), precisamente el país que en
1975 se anexionó el Sáhara Occidental, un conflicto que 37 años después
sigue pendiente de resolución.
Le siguen Argelia (117,8 millones), Botsuana (44,9 millones), Ruanda
(15,2 millones), Libia (15,1 millones), Egipto (6 millones), Ghana (3,2
millones), Mauritania (2,9 millones), Suráfrica (1,4 millones), y Túnez
(1,1 millones). Lo que se desprende de estos datos es que España no es una excepción
dentro del panorama de escasos escrúpulos del conjunto de la UE a la
hora de vender armas a países que reprimen a sus poblaciones y que
carecen de unos mínimos de democracia y de bienestar.
El informe destaca un aspecto particularmente acusado en el caso
español: el secretismo. En España, la información sobre la exportación
de material de defensa está clasificada como “secreto de Estado” y las
actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza
la venta de material bélico, son confidenciales.
“En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la
ciudadanía conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo
de material de defensa se exporta”, asegura el texto. En ocasiones, el manto de silencio con el que se cubre la manga ancha
con la que el Estado interpreta la legislación europea e incluso la
española se rasga.
Fue lo que sucedió en abril de 2011 cuando la
organización Human Rights Watch reveló que el ejército libio había
utilizado bombas de racimo MAT-120 en su ofensiva sobre Misrata. Estas
bombas las fabrica la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que
el ahora ministro de Defensa Pedro Morenés fue consejero.
Fuente Libre Red
Gracias por este magnifica publicacion,de decir la verdad sobre EUROPA. la que nos vende que es amante de la paz
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