Ilusiones perdidas

Por Horacio Verbitsky, periodista argentino 

La American University organizó en Washington la mayor conferencia sobre derechos humanos, para evaluar el impacto de la política del gobierno de Obama. Junto con líderes de las principales organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, funcionarios de ese gobierno y miembros de los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, participaron líderes de ONG de todo el mundo 

Lo primero que debo decir es que Obama tuvo y tendrá una gran ventaja, por el hecho de ser el presidente que sucedió a Bush. Pero su oferta electoral iba mucho más allá de no ser un violador sistemático y manifiesto de los derechos humanos. Identificamos varios puntos de preocupación en sus políticas de derechos humanos. Por desgracia el balance tiene pocos aspectos positivos. Obama se alejó de la retórica belicista de Bush y eso le bastó para obtener el premio Nobel de la paz. Pero en los hechos pisoteó las esperanzas que había en la comunidad de derechos humanos. La prisión de Guantánamo es un ejemplo de sus promesas incumplidas. Se esperaba que con el cierre de esa cárcel, Estados Unidos cumpliera con los requisitos del sistema legal internacional, pero la falta de decisión contra las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos perpetúa el excepcionalismo del período Bush, que coloca a este país por encima del derecho internacional de los derechos humanos.

En febrero de 2006 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, el Relator sobre la libertad religiosa y el presidente del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias informó a la Asamblea General que en Guantánamo se violaba el derecho a un juicio justo y se empleaban métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención contra la Tortura y tratos crueles y degradantes. También concluyeron que las condiciones de detención, la alimentación forzosa de las personas en huelga de hambre y el extenso confinamiento solitario violaban el derecho a la salud y la dignidad. La semana pasada se confirmó que no menos de 150 personas inocentes estuvieron confinadas allí durante años, incluyendo choferes, agricultores, pastores y cocineros, por errores de identificación o por haber estado en mal momento en un lugar inconveniente. Miembros de la ONG Médicos por los Derechos Humanos pudieron leer las hojas clínicas de presos en Guantánamo. Encontraron huesos rotos por palizas, ataques sexuales y simulacros de fusilamiento, métodos prohibidos por las convenciones internacionales y por normas éticas universales.

La relación de Estados Unidos con América Latina es dirigida por el Pentágono, que dispone de más presupuesto y personal que las secretarías del Tesoro, de Agricultura, de Comercio y de Estado juntas. Cada año, durante las audiencias legislativas, el jefe del Comando Sur explica esta relación en términos de seguridad nacional, un concepto tan vasto como impreciso que incluye casi cualquier cosa imaginable, incluso las opciones electorales de nuestros países, que suelen ser descalificados como populistas. La presencia estadounidense en la región sigue siendo muy militarizada. Los Estados Unidos hacen un doble juego con el rol de las Fuerzas Armadas, su gobierno no reconoce la diferencia entre seguridad y defensa, algo fundamental para los países que padecieron dictaduras. Mientras la ley Posse Comitatus, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública dentro de los Estados Unidos, su gobierno presiona a nuestros países en la dirección contraria, borrando los límites entre ambos roles. Lo mismo ocurre entre defensa e Inteligencia, en una sociedad con una proyección sin precedentes de lo militar sobre toda clase de actividades. Esto no ocurre por casualidad sino debido a decisiones políticas. Esta clase de confusión ha socavado incluso la ayuda a Haití después del terremoto. La misión estadounidense en ese país se caracterizó por la presencia militar, más que social o económica. Haití necesita médicos, servicios sociales y no soldados que exhiben uniformes futuristas y un amenazante equipamiento bélico. Esto es tan fuerte en la cultura estadounidense que cuesta explicar por qué debe ser de otra manera.

Al presentar al Congreso su justificación del presupuesto solicitado para 2010, el Pentágono introdujo la doctrina expansionista de la Guerra Irregular, de inquietante similitud con algunas doctrinas contrainsurgentes de la década del 60, actualizadas en la denominada guerra contra las drogas, pero no sólo. Junto con la contrainsurgencia viene la doctrina de la construcción nacional o National Building, que se propone remodelar las instituciones políticas de otros países, lo cual no es una actitud amistosa. Otros documentos militares estadounidenses consideran a algunos países y regiones, como posibles teatros de operaciones. Peor aún, cuando algunos países tratan de cambiar por formas más eficaces de enfrentar a la criminalidad compleja con respeto por los derechos humanos, el gobierno de Obama insiste en las fracasadas recetas de la era Nixon. Devastado por una violencia siempre en aumento, México es la prueba viviente de la insanía de esta política. México provee las drogas que se consumen en Estados Unidos y Estados Unidos las armas con las que se asesina en México. No es una política de buena vecindad. Ex presidentes de ese país y el premio Nobel Vargas Llosa, entre otros, dan por perdida esa guerra a las drogas y proponen un enfoque diferente, que Estados Unidos no acepta. La región está madura para discusiones multilaterales sobre cuestiones que afirmen los derechos humanos. Esperamos que los próximos años de gobierno de Obama muestren acciones concretas hacia esa finalidad.