Los fusilados del franquismo

El gobierno de Rodríguez Zapatero prometió publicar un mapa con la localización de algunos de los enterramientos clandestinos que realizó el franquismo. La cifra de  desaparecidos más de 100 mil, están enterrados en cerca de 2000 fosas clandestinas

Los familiares quieren una tumba en la que llorar a sus muertos. A más de 35 años del fin de la dictadura de Franco, unas dos mil fosas comunes están diseminadas por el territorio ibérico y la mayoría siguen cerradas. El gobierno de Rodríguez Zapatero prometió publicar la próxima semana un mapa con la localización de algunos enterramientos clandestinos. Los familiares saben que es un pequeño avance pero son conscientes de que sigue sobre sus espaldas la responsabilidad de buscar, desenterrar e identificar a sus muertos. Durante la dictadura de Franco, más de 30 mil niños le fueron arrancados a sus madres republicanas. La mayoría de ellos, superan los 70 años y siguen sin saber su verdadera identidad.

Algunos familiares, se pusieron una pala y un pico al hombro para recuperar lo que es suyo pero recién en el año 2000, las inhumaciones empezaron a ser realizadas por un equipo científico, al que debieron convocar y pagar los parientes de las víctimas. En 2007, respiraron esperanzados cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Pero a tres años de su sanción, las familias siguen siendo las que llevan adelante la búsqueda. “En el fondo, esto es como una especie de autoservicio, en donde las familias tienen que proporcionarse autoverdad, autojusticia y autorreparación”, subrayó el titular de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. “Consideramos que el gobierno también debe intensificar la colaboración con las asociaciones de memoria para que se puedan llevar a cabo estos desenterramientos y los análisis de estas fosas, que se sabe dónde se encuentran, pero falta el impulso judicial, económico y político”. La búsqueda se realiza sin presencia del Estado. Quien sí intentó sanar las heridas fue el juez Garzón, pero el Tribunal Supremo entendió que su osadía merecía ser castigada.

Por eso, el magistrado que supo perseguir represores argentinos y chilenos debió migrar de su despacho en la Audiencia Nacional a la espera de que se realice el juicio por el supuesto cargo de prevaricato. “Hay hipocresía judicial. Nadie o casi nadie ponía reparos a que la Audiencia Nacional interviniera por los crímenes cometidos por las dictaduras chilena y argentina. Pero eso mismo debería suceder con lo que es nuestra propia historia, con lo que fue la guerra civil y la dictadura franquista”. “Los magistrados están incumpliendo las leyes. El juez que investiga es un delincuente y con el que no investiga, no pasa nada”, se lamentó Silva. Hasta que no decida la situación de Garzón, las causas vinculadas a la represión del franquismo seguirán durmiendo en un cajón. Los familiares, con las esperanzas intactas pero con sus espaldas más cansadas, volverán a tomar las palas para desenterrar a sus muertos.