El 19 de julio, de madrugada, el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, y el abogado Daniel Magán, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, denunciaron a Carlos Alberto Lombardi y su mujer, María Esther, por abandono de personas. En su informe elevado a la Justicia, el asesor tutelar de menores, Gustavo Daniel Moreno, describió que instaron a la acción penal contra ellos “porque la familia rechazó los recursos ofrecidos por el programa, exponiendo de esta forma al menor en riesgo de vida (por Omar, su hijo, y Bautista, el nieto de la mujer), en razón del frío polar que ingresó a la ciudad de Buenos Aires”.
La fiscal que intervino, Claudia Barcia, no dio curso a la denuncia porque el hecho no constituía delito ya que “las personas sindicadas como autoras se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad”. Las denuncias de Acevedo y Magán generaron la respuesta de dos diputados nacionales, Liliana Parada y Claudio Lozano, quienes acudieron a la Justicia porque responsabilizan al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de dos delitos de acción pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Es difícil encontrar casos en los cuales de manera tan manifiesta se haya recurrido a la criminalización de personas en un alto nivel de vulnerabilidad violando la normativa y procedimientos vigentes para ocultar el incumplimiento de sus funciones”, dice el escrito que presentaron ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 2.

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