Un negocio de monjas, curas y médicos
Los testimonios desvelan nombres y documentos de tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado español
La esperanza se ha abierto para las 261 familias que han denunciado ante la Fiscalía General del Estado casos de niños robados desde los años 50 hasta entrada la década de los 90. Una asociación que nuclea a víctimas de las apropiaciones acompañadas por un grupo de personas presentó las denuncias, esperando encontrar eco en la Justicia española. Demandan respuesta de los tribunales y del gobierno. Barroso, fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) se enteró en 2008, a los 39 años, que había sido comprado y arrancó su búsqueda para conocer su origen. “Soy un bebé robado. Tengo la documentación falsificada, consta que soy hijo biológico, pero es mentira”.
Durante el franquismo se implementó un plan sistemático de robo de niños, como estableció Garzón en 2008. En los años posteriores a la Guerra Civil, a las republicanas presas les sacaron sus hijos y los entregaron a familias afines al régimen o los enviaron a instituciones comandadas por la Iglesia. El régimen también cruzó las fronteras a “recuperar” niños enviados al exterior por sus familias para preservarlos del franquismo.
En las décadas siguientes el robo de bebés siguió en hospitales e instituciones religiosas con el fin del lucro económico. La mayoría eran hijos de madres solteras. Estaban implicados médicos, enfermeras y monjas en la venta de esos niños. Podrían ser más de 300 mil recién nacidos robados, según Anadir. La Justicia española, tiene paralizadas estas causas. “Nuestro objetivo es que el fiscal investigue o derive cada caso a las fiscalías territoriales, pero pedimos una investigación que determine si hubo delito”, dijo el abogado de Anadir y explicó que hay evidencia de “tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto y secuestro”. Crímenes imprescriptibles, por lo que los tribunales españoles estan obligados a investigar.
Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y no revela su identidad señala: "Se sabía que existian "chanchullos" en los hospitales en los años '60 y '70. Se sabía en la Fundación que entraba por una puerta una parturienta y a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la adoptante pagaba los gastos. Una salía sin su bebé y la no embarazada quedaba registrada como madre. Una vez, una pareja de chilenos que querían un niño y se fueron con dos bebés. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada".
Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran "desconocidos". Se suplantó a la madre biológica por la adoptiva, quedando registrada como parturienta. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también. Muchas veces ni siquiera coinciden las fechas.