En España hubo dos olas de apropiaciones. La primera fue con Franco, la segunda duró décadas, y era la entrega de niños robados a madres solteras o de escasos recursos
En una batalla contra el tiempo, el Congreso español abrió sus puertas a quienes fueron víctimas del robo de bebés en España. Los diputados escucharon la historia de las organizaciones que buscan a niños que fueron arrancados de los brazos de sus familias y brindaron apoyo para que la investigación se siga profundizando. Todos los partidos políticos se unieron en el reclamo de que se castigue a los culpables de la sustracción. El robo de niños tiene una triste tradición en España.
Poco antes del fin de la Guerra Civil, Franco le dio vía libre al psiquiatra Antonio Vallejo Nájera para que experimentara. “Tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna, favorece su asimilación por los deficientes mentales”
, escribió en esos años el médico.
La solución que propuso Vallejo fue separar a los niños de sus madres republicanas que estaban presas para que no se propagara la “peste comunista”. También se “recuperó” a los chicos que habían sido enviados al exterior por sus padres para evitar que cayeran en las garras de la dictadura franquista.
Los hijos de los “rojos” fueron enviados a instituciones comandadas por la Iglesia Católica, se les cambiaron los apellidos y perdieron el rastro de su verdadera historia. Antes de que lo suspendieran, el juez Baltasar Garzón estimó que esta práctica, que se prolongó desde los años ’40 hasta los ’50 dejó un saldo de 30 mil niños robados.
Pero la historia de la sustracción de menores continuó durante el régimen franquista. Después de los años ’50 hasta casi la década del ´90, el robo se trasladó a maternidades y hospitales, donde monjas y médicos robaban los hijos de madres solteras, o de escasos recursos. El mecanismo era siniestro. Por una puerta entraban la parturienta y por la otra una mujer que nunca había estado embarazada, se llevaba al recién nacido. “La sociedad y el Estado tienen una deuda moral con las víctimas. El Estado no se dotó de los medios de control necesarios para evitar que esas situaciones se dieran repetidamente en todo el territorio y de una manera sistemática. Los ladrones de niños se servían de instituciones públicas para las que trabajaban”, apuntó Barroso, que preside la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. “Es el sistema político el que debe moverse. Hasta ahora todo lo han hecho las familias”, dijo una de las afectadas.
Las bancadas parlamentarias se hicieron eco del reclamo. “Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Es algo parecido a los niños desaparecidos durante la dictadura argentina. Estamos ante una parte de nuestra historia desconocida hasta ahora y que ha quedado impune. El sociólogo Francisco González de Tena, que ha entrevistado a decenas de madres de hijos robados y redactó para el juez Garzón un informe con sus datos, asegura: "Desde el punto de vista social y antropológico, el problema es inmenso. El psicólogo Fouce, profesor en la Universidad Carlos III, asegura que "los problemas de identidad y la indefensión" que genera el robo de niños "son los traumas más graves a los que puede enfrentarse un ser humano". La mejor terapia, añade, "es la ventilación emocional, para lo cual resulta absolutamente necesaria la clarificación de la verdad y el apoyo de las instituciones".
